El pasado 05 de mayo entró en vigor la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad.
No podemos ser omisos. Habremos de redoblar los esfuerzos y comenzar a la brevedad los trabajos tendientes a la armonización de nuestra normatividad local en materia de transparencia, haciendo efectivo de este modo el derecho a la información, que es un instrumento esencial en el combate a la corrupción.
Debemos procurar que la Auditoría Superior de Michoacán cumpla su mandato a cabalidad. El órgano de fiscalización debe ser el primero en observar el principio de legalidad, circunscribiéndose a la naturaleza y funciones que le otorgan las normas constitucionales y legales vigentes.
