A partir del 20 de octubre pasado, hemos tenido conocimiento de diversas declaraciones formuladas por el Gobernador, Ing. Silvano Aureoles Conejo, publicadas en diversos medios de comunicación, en las que indica, que solicitará a este Congreso local autorización para renegociar la deuda pública del estado con la finalidad, entre otras cosas de “alcanzar las mejores condiciones crediticias que favorezcan a las finanzas del estado”.
Pero, también declaró textualmente que sería para “que se mejore la calificación financiera del estado, ya que la restructuración serviría para tres cosas bajar el volumen de pago, liberar algunos recursos y aumentar la calificación para las asignaciones federales”.
En este sentido es necesario realizar varias precisiones:
Los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI hemos reiterado nuestra posición frente al Gobierno del Estado. Nuestro compromiso es con los michoacanos, por lo que con respecto a éste y otros temas, actuaremos siempre como una oposición crítica pero responsable.
No hay hasta este momento una propuesta formal ante el Congreso del Estado para estudiar el tema, pero tampoco vemos que estas declaraciones vayan acompañadas del compromiso de clarificar, transparentar y, en su caso, castigar a quienes hicieron mal uso de esta deuda contratada que tiene sumida en la bancarrota al estado.
La postura del grupo parlamentario del PRI antes de siquiera entrar al análisis de este tema, es un rotundo NO; primero clarifiquemos el destino de los empréstitos contratados en años anteriores, si hubo culpables del mal uso de estos recursos, que sean castigados sin importar militancia partidista, si fueron funcionarios del poder ejecutivo o del propio Congreso (Contralor o Auditor Superior), deben rendir cuentas.
El Grupo Parlamentario de PRI no regateará el apoyo para ninguna medida que se traduzca en un beneficio para los michoacanos, pero vale la pena citar un párrafo del Dictamen con Proyecto de Decreto que contiene la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal para el Ejercicio Fiscal 2013 y el Informe de Resultados de la Fiscalización y Evaluación a la Cuenta Pública, realizada por el grupo auditor GOSSLER, S.C., y cuyo dictamen fue elaborado por las Comisiones Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, que se publicó en la Gaceta Parlamentaria de fecha 24 de marzo de 2015, que a la letra dice:
“Resulta inaceptable para el Congreso del Estado, que a estas fechas ni la Auditoría Superior de Michoacán, ni la Coordinación de Contraloría del Gobierno del Estado hayan instaurado procedimientos de responsabilidades para exigir a los servidores públicos estatales de cada uno de los ejercicios fiscales anteriores que demuestren en que aplicaron los recursos derivados de la contratación de créditos de corto y de largo plazo, que finalmente derivaron en deuda pública. Los Procedimientos Administrativos de Responsabilidades permiten desvanecer los pliegos de responsabilidades o bien obtener evidencia suficiente y competente, que haga prueba plena en el campo del derecho para exigir el resarcimiento de los daños causados al Patrimonio Estatal, imponer sanciones administrativas y, en su caso, para presentar denuncias de carácter penal por delitos patrimoniales cometidos en perjuicio de la Hacienda Estatal.”
