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Morelia; Michoac\u00e1n, 6 de julio de 2018<\/b>.- La reforma constitucional en materia laboral aprobada en 2017, plantea diversos retos que se deber\u00e1n afrontar para garantizar los derechos de los trabajadores, pues existen diversos rubros cuya interpretaci\u00f3n es ambigua coincidieron los investigadores Vanessa de Jes\u00fas Guzm\u00e1n y Eduardo Rodr\u00edguez Ch\u00e1vez, al impartir la conferencia \u201cReforma Laboral en Materia Constitucional 2017\u201d.<\/p>\n
Lo anterior, en el marco de la quinta sesi\u00f3n del Seminario \u201cPr\u00e1ctica Parlamentaria\u201d, organizado por el Instituto de Investigaciones y estudios Legislativos del Congreso del Estado (IEEL), en coordinaci\u00f3n con la Casa de la Cultura Jur\u00eddica de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n.<\/p>\n
Durante su ponencia los disertantes hablaron de los retos que enfrentar\u00e1 el Congreso local, al tener la obligaci\u00f3n de homologar la norma constitucional federal con la estatal, en la que se establece la implementaci\u00f3n de un nuevo modelo de justicia laboral, en la cual se pondera la conciliaci\u00f3n como mecanismo fundamental para la resoluci\u00f3n de conflictos.<\/p>\n
Al respecto, Eduardo Rodr\u00edguez Ch\u00e1vez destac\u00f3 que con la reforma constitucional en materia laboral publicada el 24 de febrero del 2017 en el Peri\u00f3dico Oficial de la Federaci\u00f3n, los congresos tienen la obligaci\u00f3n de homologar sus legislaciones con la norma federal, ejerciendo la rector\u00eda en la materia y dejando poco margen a las entidades federativas, para que sean adecuadas a sus propias necesidades y caracter\u00edsticas.<\/p>\n
Agreg\u00f3 que con su aprobaci\u00f3n, el legislador trato de equilibrar las relaciones obrero-patronales, de una manera ambiciosa pero ambigua; por un lado, protege los derechos de los trabajadores, al tiempo que cambia y se ajusta a los est\u00e1ndares internacionales en la materia para dar certeza a los inversionistas.<\/p>\n
En este sentido, la mayor novedad es la creaci\u00f3n de tribunales laborales integrados al Poder Judicial de la Federaci\u00f3n y a los poderes judiciales de las entidades federativas. De esta forma se extinguen las juntas de conciliaci\u00f3n y arbitraje, las cuales tienen hasta ahora una integraci\u00f3n tripartita, al ser representadas por los trabajadores, la parte patronal y el gobierno. Este modelo fue rebasado por la carga excesiva de trabajo de las juntas de conciliaci\u00f3n, que se traduce en conflictos largos y costosos, y mediante el cual, el Estado ejerce directamente mecanismos de control en materia laboral, indic\u00f3.<\/p>\n
Por su parte, Vanessa de Jes\u00fas Guzm\u00e1n refiri\u00f3 que el decreto de reforma ordena que en cada entidad federativa se deber\u00e1n crear Centros de Conciliaci\u00f3n, que deber\u00e1n actuar bajo los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad y transparencia, que estar\u00e1n bajo la rector\u00eda del Estado, y en los que se espera dirimir la mayor parte de conflictos de manera r\u00e1pida, para evitar que los procesos se judicialicen.<\/p>\n
Sin embargo, no explica que pasar\u00e1 con los trabajadores de las juntas de conciliaci\u00f3n, ni con el presupuesto que deber\u00e1 otorgarse al Poder Judicial para este prop\u00f3sito. Por lo tanto, el Congreso de Michoac\u00e1n deber\u00e1 estar atento a todos los aspectos de la reforma, para salvaguardar las ambig\u00fcedades y un garantizar un modelo eficaz y justo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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