En el siguiente análisis primeramente revisaremos el comportamiento de la deuda pública estatal y cómo fue evolucionando hasta convertirse en el gran problema financiero del gobierno estatal, que lo tiene prácticamente paralizado, pues no tiene margen para la inversión pública ni fondos suficientes para cumplir con los compromisos financieros heredados.
Es de destacarse que hasta ahora no han dado ninguna explicación satisfactoria los responsables de esos periodos de gobierno ni tampoco han pedido cuentas los encargados de vigilar los intereses de la ciudadanía, pero seguramente no lo harán porque tendría efecto bumerang y habría sanciones administrativas y penales para sus jefes o compañeros de partido.
En adelante haremos un recuento, iniciando con la administración de Lázaro Cárdenas Batel, en la que se contrataron créditos por 6 mil 69 millones 705 mil 73 pesos, con la siguiente distribución.
Con base en los créditos simples, de fechas 9 y 14 de marzo de 2007, obtuvo créditos por 2 mil 569 millones 705 mil 73 pesos, a un plazo de 25 y 30 años, con Dexia Crédito Local México, S.A. de C.V., Banco Mercantil del Norte, S.A. y Banobras, y mediante el decreto legislativo No. 253, del 1° de octubre de 2007, obtuvo la emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, por 3 mil 500 millones de pesos.
Durante la administración de Leonel Godoy Rangel, contrataron créditos por un total de 9 mil 750 millones de pesos, conforme al decreto legislativo No. 307, del 19 de enero de 2011, mediante el que obtuvo créditos por 4 mil 800 millones de pesos, a un plazo de 20 años, con Banco del Bajío, Banorte y Banobras.
Asimismo, con base en los decretos legislativos números 390 y 431, de fechas 8 y 20 de diciembre de 2011, respectivamente, contrató créditos por otros 4 mil 950 millones de pesos, con Banco Interacciones y Afirme, a plazos de 24, 36 y 60 meses, lo que generaba que la mayor carga financiera de dichos adeudos recayera en los años de 2012 a 2015.
En la gestión de Fausto Vallejo Figueroa, el Congreso autorizó el refinanciamiento de la deuda pública con la contratación de créditos de largo plazo, mediante el Decreto Legislativo No. 22 de fecha 26 de octubre de 2012.
Así, para refinanciar las condiciones y plazos de los créditos contratados en la administración de Leonel Godoy, con Banco Interacciones y Afirme, en 2013 el Gobierno contrató créditos por 2 mil 891 millones de pesos, a un plazo de 20 años, con el mismo Interacciones y Banobras.
Del mismo modo, para hacer frente al pago de deudas de los años 2011 y anteriores, por concepto de bienes muebles e inmuebles y obra pública, se contrató un crédito con Banca Multiva, por mil 340 millones de pesos, a un plazo de 15 años.
Y, con el mismo decreto No. 22, también se contrató un crédito con Banobras por un monto de 4 mil 112 millones de pesos, a un plazo de 20 años, el cual, incluso, fue anunciado por el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, el 27 de noviembre de 2013.
De los 4 mil 112 millones de pesos, el gobierno sólo había dispuesto de 741 millones de pesos al 30 de junio de 2014, quedándole por disponer al gobierno sustituto de Salvador Jara 3 mil 371 millones de pesos.
De este importe, durante el periodo julio-diciembre de 2014, la administración de Jara dispuso de mil 354 millones 92 mil 422; y, al 31 de diciembre de 2015 el Gobierno de Silvano Aureoles ha dispuesto de 773 millones 197 mil 916 pesos, quedando por disponer mil 243 millones 709 mil 662 pesos.
Ahora bien, por lo que se refiere al gasto por servicios de deuda pública (pago de capital e intereses), tenemos que en el año de 2002, el pago por dicho servicio ascendió a 33 millones de pesos, mientras que en el 2013, el ejecutivo estatal tuvo que hacer frente a un pago de 5 mil 624 millones de pesos, esto es, 170 veces más que lo erogado en 2002, o un 16 mil 900 por ciento más; y, en 2016 la proyección es de mil 555 millones 396 mil 466 pesos, esto es, 72.35 menos que lo pagado en 2013.
Es importante ahora analizar qué administración enfrentó la mayor carga financiera, coloquialmente, la que pagó los platos rotos, identificando que en la administración de Lázaro Cárdenas Batel, el gasto por servicios de deuda ascendió a 2 mil 76 millones de pesos, en tanto que en la de Leonel Godoy, el gasto fue de 5 mil 277 millones de pesos, un 154% más de lo erogado por Cárdenas Batel.
Durante los dos años y medio de la administración de Fausto Vallejo/Jesús Reyna, el pago por servicio de la deuda fue de 9 mil 718 millones de pesos, incluido el refinanciamiento de los créditos de Interacciones y Afirme, esto es, un 84% más de lo erogado por Leonel Godoy y un 368% más de lo erogado por Cárdenas Batel.
Durante los 15 meses de la administración de Salvador Jara Guerrero, el pago por servicio de la deuda fue de mil 804 millones 88 mil 966 pesos, esto es, un 81.44 menos de lo erogado por Fausto Vallejo; y, durante el último trimestre de 2015 la administración de Silvano Aureoles ha pagado 561 millones 226 mil 890 pesos. Al cierre del ejercicio fiscal 2015, la deuda pública se ubica en 17 mil 96 millones 73 mil 408 pesos.
¿Los pasivos a corto plazo a cuánto ascienden?
Tal parece que es invisible este capítulo de pasivos, que todo mundo lo ignora y únicamente se enfocan en la deuda bancaria, que no tiene ningún problema porque toda está autorizada y registrada ante la SHCP. En la cuenta pública 2015 podemos observar que se han acumulado pasivos, de los cuales, mil 48 millones 246 mil 880 pesos son del ejercicio 2011; 642 millones 46 mil 789 del 2012; mil 161 millones 889 mil 658 del 2013; 937 millones 579 mil 437 del 2014: y, 3 mil 388 millones 642 mil 831 del 2015.
Por capítulo de gasto se registran 341 millones 59 mil 478 pesos por servicios personales; 130 millones 837 mil 208 a contratistas por obras públicas; mil 48 millones 246 mil 880 de participaciones y aportaciones, 3 mil 574 millones 456 mil 769 por retenciones y contribuciones; y, otras cuentas por pagar por 476 millones de pesos.
La suma de los conceptos descritos en los puntos anteriores es de 13 mil 128 millones 662 mil 629 pesos, lo que representa el 76.80% del total de la deuda pública por 17 mil 96 millones 73 mil 408 pesos.
En conclusión sigue creciendo el endeudamiento local, si sumamos la deuda bancaria por 17 mil 96 millones 73 mil 408, más los pasivos a corto plazo por 13 mil 128 millones 662 mil 629 pesos, lo que debe el gobierno del estado asciende a 30 mil 224 millones 736 mil 37 pesos.
Hemos de señalar que varias legislaturas de congreso del estado también han sido omisas pues estos pasivos que no son deuda pero se deben, es deuda oculta del ejecutivo estatal que sucesivos gobiernos burlaron la autorización del Congreso y que tendrá que pagarse, lo mismo que la deuda pública reconocida. A esto debemos agregar que en el actual presupuesto de egresos los diputados autorizaron al gobernador “endeudamiento interno” por 759 millones 723 mil 879 pesos, que potencialmente terminarán agravando esta situación, con lo cual se observa que se sigue en la misma dinámica que nos trajo al lugar donde estamos.
