En un país en el que la ciudadanía clama para que se ponga fin a la impunidad, no podemos permanecer impávidos ante el saqueo de que fueron objeto las finanzas del estado.
Si bien es cierto que las normas en materia anticorrupción se encuentran en trámite legislativo, ello no impide que con base en la normatividad vigente se apliquen las sanciones que corresponden a los funcionarios que resulten ser responsables del quebranto financiero del Estado.
De este modo, quizá sea posible resarcir un poco del daño que hicieron a los michoacanos, pero sobre todo dar el ejemplo de que quienes afectan el bienestar colectivo no habrán de salir impunes.
Los legisladores también tenemos la responsabilidad de analizar aquellos casos en que sea viable el fincamiento de responsabilidades mediante juicio político, a fin de que esos malos funcionarios se vean impedidos para ejercer cargos públicos y hacer más daño a la ciudadanía.
